COLOMBIA, 16 de septiembre de 2026. El Consejo de Estado ratificó la inhabilidad para ejercer cargos públicos por nueve años y medio del exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, establecida por irregularidades en procesos contractuales durante la pandemia de COVID-19. Esta decisión cierra un largo proceso que comenzó con su destitución en 2023.
La Sala Veintisiete Especial de Decisión del Consejo de Estado declaró infundado el recurso extraordinario de revisión presentado por Muñoz, confirmando la sanción impuesta por la Procuraduría General de la Nación que incluye la destitución y la inhabilidad general para contratar o aspirar a cargos públicos. Dicha sanción fue impuesta inicialmente por irregularidades en contratos para la adquisición de mercados, ayudas humanitarias y campañas publicitarias durante la emergencia sanitaria, que sumaron cerca de 8.800 millones de pesos.
La magistrada Gloria María Gómez Montoya citó que el exalcalde no solo firmó los contratos sino que asumió como máximo responsable de la administración municipal frente a estos actos, por lo cual debe responder por la falta de diligencia en el manejo de los recursos públicos. Además, se indicó que el argumento de la urgencia manifiesta para flexibilizar procedimientos no exime del cumplimiento de principios como transparencia, planeación y economía en la contratación estatal.
La sanción surte efecto sobre Muñoz, quien mantuvo durante años una suspensión cautelar del castigo, lo que le permitió finalizar su mandato y preparar campañas políticas. Sin embargo, aunque el fallo confirmó la sanción disciplinaria, la ejecución efectiva aún está en suspenso debido a un recurso de doble conformidad interpuesto recientemente, que detiene la firmeza del proceso mientras es resuelto por la Sala Veintiocho Especial de Decisión.
Junto al exalcalde fueron sancionados otros miembros de su equipo como los exsecretarios Armando Cabrera Rivera, Camila Mercedes Ortega Suárez y Giovanny Córdoba Rodríguez, quienes mantienen procesos administrativos y acciones legales paralelas. El Consejo de Estado aclaró que estos últimos no disfrutan de fuero especial y la sanción contra ellos ya es ejecutable.
Asimismo, Muñoz enfrenta procesos penales relacionados con la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) de 2020, en especial por contratos adjudicados a la Asociación de Estudiantes Afrodescendientes de Nariño (Asoformando) y a la Fundación Colombia Florece, que habrían estado ligados a aportes de campaña y operadores políticos. La contratación directa fue realizada sin licitación pública, amparándose en la figura de urgencia manifiesta, y existe cuestionamientos por presuntas irregularidades en la firma y vínculos societarios entre entidades contratistas.
El caso refleja la complejidad y lentitud en la administración de la justicia en temas disciplinarios vinculados a la gestión pública durante la pandemia. Pese a la sanción definitiva, la posibilidad de dilaciones procesales sigue generando incertidumbre sobre la ejecución efectiva del castigo y el impacto político de la medida. Especialistas advierten que la demora puede favorecer la reaparición de actores sancionados en el escenario electoral mientras continúan procesos judiciales paralelos.
La decisión del Consejo de Estado destaca además que la actuación disciplinaria cumplió con los estándares internacionales de debido proceso, incluyendo garantías interamericanas, competencia y derecho a la defensa, lo que fundamenta la ratificación de las sanciones.
La Procuraduría General de la Nación será la encargada de ejecutar la sanción una vez se agoten los recursos pendientes y se declare la ejecutoria definitiva de la sentencia, lo que implicará la inhabilidad definitiva de Muñoz para ejercer funciones públicas o participar en procesos electorales durante el periodo establecido.
Este caso pone en evidencia retos institucionales para garantizar la celeridad y efectividad de los procesos disciplinarios, así como la necesidad de fortalecer los controles en la contratación pública, especialmente en situaciones de emergencia.
Redacción ColombiaPrensa
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