COLOMBIA, 11 de agosto de 2026. El pasado 6 de agosto, la Agencia de Desarrollo Rural (ADR) emitió una resolución que declaró como día hábil el sábado 8 de agosto para la realización de procesos contractuales, medida que generó polémica y que fue suspendida por el Consejo de Estado. Esta resolución estuvo firmada por César Pachón, entonces director de la ADR, y tenía como propósito acelerar la adjudicación de contratos por un valor superior a 250.000 millones de pesos, según información del Ministerio de Agricultura.
Indalecio Dangond, ministro de Agricultura del gobierno de Abelardo De La Espriella, afirmó que la habilitación del sábado buscaba concretar contratos significativos, incluyendo uno por 190.000 millones con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), otro por 70.000 millones destinado a una planta de sacrificio porcino, y un contrato adicional por 30.000 millones con Casanare. No obstante, César Pachón negó estas afirmaciones y rechazó las acusaciones formuladas por el ministro, solicitando que se retractara y señalando que dichas declaraciones eran rumores.
La resolución justificó el día hábil excepcional en la necesidad de avanzar en las actuaciones administrativas relacionadas con los Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario y Rural con Enfoque Territorial (PIDAR), con el fin de garantizar su gestión oportuna y la continuidad de las intervenciones institucionales en los territorios. Se señaló que la medida era excepcional y necesaria para preservar la competencia administrativa y asegurar la gestión oportuna de los asuntos a cargo de la entidad.
Sin embargo, el Consejo de Estado emitió una suspensión urgente de esta resolución al considerar que incidía directamente en el cómputo de los términos para los procedimientos precontractuales y contractuales. El tribunal argumentó que la resolución modificaba las reglas establecidas, lo que afectaba no solo a los funcionarios de la Agencia de Desarrollo Rural, sino también a terceros involucrados en los procesos de selección, como proponentes y contratistas.
Además, el alto tribunal destacó que la resolución desconocía el decreto nacional que regula la jornada laboral de los servidores públicos, que estipula que el trabajo en domingos o festivos debe ser remunerado con recargo o compensado con un día de descanso. El Consejo de Estado recordó que la transición gubernamental es un hecho conocido y que las necesidades contractuales durante este periodo deben anticiparse y planearse de manera adecuada, no a través de modificaciones extraordinarias a la jornada laboral o al cómputo de términos.
Esta situación se da en un contexto de cambio de administración en la Casa de Nariño, lo que ha generado especial atención en las decisiones y medidas adoptadas en entidades públicas relacionadas con la gestión de recursos y proceso de adjudicación de contratos. La polémica resolución y su suspensión por parte del Consejo de Estado evidencian los retos en la administración pública para mantener la legalidad y transparencia en las actividades contractuales, especialmente durante periodos de transición gubernamental.
Fuente: El Tiempo.
Redacción ColombiaPrensa
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