COLOMBIA, 26 de agosto de 2026. La Corte Constitucional de Colombia aprobó la Ley 2381 de 2024, correspondiente a la reforma pensional impulsada por el expresidente Gustavo Petro, con una votación de siete votos a favor y uno en contra. La decisión se conoció en Bogotá y establece que la entrada en vigor del nuevo modelo de jubilación será en abril de 2027, retrasando así la puesta en marcha inicialmente prevista para el 1 de julio de 2025 debido a vicios de trámite detectados en la Cámara de Representantes.
El fallo de la Corte despeja así más de dos años de incertidumbre jurídica respecto a esta iniciativa de gran impacto social y económico, la cual fue sancionada durante el gobierno anterior y contempla una reestructuración integral del sistema de pensiones en Colombia. No obstante, el tribunal ordenó la devolución de algunos apartes de la ley al Congreso para que sean corregidos procedimentalmente, antes de su implementación definitiva.
Detalles de la reforma y estructura pensional
La nueva ley establece un esquema basado en cuatro pilares para proteger la vejez de los colombianos: un pilar solidario, uno semicontributivo, uno contributivo y otro de ahorro individual. De acuerdo con el diseño aprobado, los trabajadores cotizarán sus ingresos hasta un límite determinado en la entidad pública Colpensiones, mientras que el excedente será destinado a los fondos privados de pensiones.
Además, la reforma mantiene los actuales requisitos de edad para la jubilación, fijados en 57 años para las mujeres y 62 años para los hombres. La tasa de cotización se mantiene en el 16 % del ingreso base, consolidando la continuidad de estos parámetros fundamentales dentro del nuevo marco normativo.
Reacciones institucionales
Tras conocerse la decisión, el expresidente Gustavo Petro se pronunció a través de sus redes sociales, destacando la aprobación de la mayoría de la reforma: “Se ha aprobado la mayor parte de la nueva ley de reforma pensional. De las tres reformas fundamentales de mi gobierno: laboral, pensional y de salud solo queda la de salud. Un nuevo triunfo del gobierno del cambio y del pueblo trabajador”.
Por su parte, el presidente Abelardo de la Espriella ratificó su posición frente al dictamen e informó que su administración prepara una propuesta legislativa para modificar aspectos centrales de la reforma ya aprobada. Esta iniciativa de contrarreforma busca introducir ajustes importantes al esquema estructural vigente aprobado por la Corte Constitucional.
Próximos pasos y ajustes legislativos
El periodo de transición hasta abril de 2027 será clave para que el Gobierno Nacional reglamente la Ley 2381 de 2024 y para que las administradoras de fondos de pensiones, tanto públicas como privadas, realicen las adaptaciones tecnológicas e institucionales requeridas para la implementación operacional del nuevo sistema.
Asimismo, la Cámara de Representantes deberá tramitar las correcciones procedimentales señaladas por la Corte, para que la reforma consolide plenamente la reestructuración del sistema de jubilaciones en el país.
El fallo de la Corte también puso sobre la mesa los recursos financieros vinculados a la «ventana de oportunidad», mecanismo que permitió el traslado de afiliados entre regímenes, y que involucra movimientos por más de 27 billones de pesos (aproximadamente 8.440 millones de dólares). La resolución sobre estos procesos financieros queda pendiente de la decisión del Consejo de Estado.
Esta decisión judicial representa un hito en la reforma del sistema pensional colombiano y marca un nuevo camino para los derechos y beneficios de los trabajadores en el país.
Redacción ColombiaPrensa
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