COLOMBIA, 29 de septiembre de 2026. La Corte Suprema de Justicia de Colombia emitió una importante decisión que autoriza el despido de trabajadores enfermos bajo determinadas condiciones legales, reafirmando las normas que regulan la estabilidad laboral reforzada en el país. La Sala de Casación Laboral del tribunal superior determinó que no toda enfermedad garantiza dicha estabilidad y que el despido puede ser válido si el trabajador no presenta una discapacidad real o permanente que afecte su desempeño laboral.
El caso analizado corresponde a un hombre con síndrome del túnel carpiano bilateral quien interpuso una demanda contra la empresa Weatherford Colombia Limited alegando que su despido fue ilegal debido a que, según él, gozaba de estabilidad laboral reforzada por ser una persona con discapacidad moderada. Solicitó su reintegro, el pago de salarios y prestaciones no recibidas, así como indemnización.
Al estudiar el caso, la Corte indicó que para determinar la condición de discapacidad protegida se deben evaluar tres factores: primero, la existencia de una deficiencia física o mental que limite de forma significativa y prolongada; segundo, el análisis del puesto de trabajo, incluyendo sus funciones y exigencias; y tercero, la interacción entre la deficiencia y el entorno laboral.
El alto tribunal concluyó que para la fecha de despido el demandante no presentaba deficiencias que impidieran el desarrollo normal de sus labores y que las recomendaciones médicas preventivas no representan un indicador definitivo de discapacidad. Además, las restricciones impuestas no tenían relación directa con las tareas específicas del trabajador, por lo que se descartó que existiera una discapacidad real que justificara la estabilidad laboral.
En consecuencia, la Corte Suprema señaló que la terminación del contrato no se consideró discriminatoria ni injustificada en este caso particular y que el trabajador no demostró que la enfermedad tuviera un nivel de afectación tal que impidiera su capacidad laboral ni que careciera de expectativas razonables de recuperación a mediano o largo plazo.
Este fallo marca un precedente importante en la legislación laboral colombiana, pues establece que la protección representada por la estabilidad laboral reforzada solo aplica cuando efectivamente existe una incapacidad o condición especial vinculada estrechamente con el entorno laboral que afecte la salud o desempeño del empleado. De este modo, no se extiende automáticamente a todos los trabajadores enfermos.
Es relevante recordar que la ley protege la estabilidad laboral de ciertos grupos específicos, como mujeres en embarazo o lactancia, cabezas de familia, preparados para pensión, sindicalistas aforados o personas con discapacidad comprobada y situaciones médicas especiales. Sin embargo, esta sentencia aclara que la vulnerabilidad debe ser demostrada conforme a los criterios legales antes mencionados.
Según fuentes legales, esta decisión de la Corte Suprema puede influir en futuras disputas laborales relacionadas con la terminación de contratos a personas con condiciones médicas, y representa un llamado para que tanto trabajadores como empleadores revisen de manera rigurosa las circunstancias de cada caso antes de asumir un derecho o un incumplimiento.
La sentencia SL2622-2025 fue emitida en 2025 y ha sido citada por especialistas y entidades relacionadas con el derecho laboral, quienes advierten que la estabilidad laboral es un derecho valioso pero no absoluto. Las empresas podrán fundamentar legítimamente despidos cuando no se configure un impedimento real y acreditado que prohíba la terminación del vínculo por razones de salud.
Esta decisión también pone sobre la mesa la importancia de un adecuado seguimiento médico laboral y de la documentación precisa por parte de los empleados para acreditar su situación médica, además de un análisis detallado por parte del empleador para justificar sus decisiones desde la perspectiva de derechos laborales y no discriminación.
En síntesis, la Corte Suprema reafirma la necesidad de evaluar cada caso con rigor y evidencia para evitar abusos o interpretaciones erróneas en materia de despidos de trabajadores enfermos, equilibrando la protección de los derechos individuales con las necesidades empresariales y la legalidad vigente.
Redacción ColombiaPrensa
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