COLOMBIA, 25 de agosto de 2026. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra la senadora Isabel Cristina Zuleta López, del Pacto Histórico, tras ser citada a indagatoria por el presunto delito de abuso de función pública. La indagatoria se relaciona con su participación en un operativo realizado en la cárcel La Picota de Bogotá, donde fue incautada un arma de fuego.
El procedimiento tuvo lugar luego de que Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, extraditado a Estados Unidos en febrero de 2026, entregara información que derivó en la entrega de dicha arma. La investigación busca aclarar si la senadora se extralimitó en sus funciones durante la diligencia.
Isabel Zuleta se pronunció públicamente sobre el proceso a través de su cuenta en la red social X el 22 de agosto. En su mensaje, la congresista defendió su actuación argumentando que su presencia en la cárcel respondía a su compromiso con la paz y la protección de la vida, insistiendo en que se trató de un gesto para prevenir hechos violentos.
La senadora explicó que fue requerida como garantía para la entrega del arma, la cual, según la información recibida, iba a ser utilizada para atentar contra una persona que pretendía sumarse a procesos de paz dentro del penal. Además, destacó que su participación había sido autorizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y acompañada por organizaciones de derechos humanos y la dirección penitenciaria como medida para evitar disturbios.
Zuleta aclaró que no interfirió en labores judiciales y que solicitó que la diligencia se realizara conforme a los protocolos judiciales a través del Ministerio de Justicia, debido a la gravedad del caso y la posible implicación de homicidios asociados al arma incautada. La congresista destacó que su actuación permitió un gesto de paz al interior del penal y evitó que se produjeran más actos violentos.
La senadora manifestó además que si se requería su declaración, esta debía rendirse formalmente ante la Fiscalía General, tal como ocurrió con el testimonio de Andrés Felipe Marín, lo que llevó al allanamiento. Recalcó que las pruebas indicaban que no había obstruido la diligencia y que los jueces que revisaron el caso declararon la legalidad de las actuaciones.
Isabel Zuleta calificó la investigación como una persecución política y judicial que busca desacreditar su trabajo por la paz urbana y carcelaria. Enfatizó su disposición a continuar promoviendo el diálogo y la reducción de la violencia, señalando que el proceso en la Corte Suprema deberá definir si su presencia en La Picota estuvo dentro de sus competencias como coordinadora en la mesa de conversación sociojurídica con estructuras armadas en Medellín y el Valle de Aburrá, o si asumió funciones propias de autoridades judiciales o penitenciarias.
Finalmente, Zuleta aseguró su compromiso de demostrar su inocencia y continuar con labores orientadas a salvar vidas y reducir las violencias en Colombia, defendiendo que estos gestos son esenciales frente al contexto de violencia en las cárceles y el país.
Redacción BusinessCol
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