COLOMBIA, 25 de agosto de 2026. La audiencia de conciliación programada para el 25 de agosto ante la Corte Suprema de Justicia entre el representante a la Cámara Daniel Briceño y el exfiscal y exministro de Justicia Eduardo Montealegre fue reprogramada, según confirmó Briceño a través de sus redes sociales. La diligencia fue aplazada a solicitud de Montealegre, quien presentó el correspondiente soporte que justificó su petición, informó la Sala Especial de Instrucción de la Corte.
El representante Briceño contó que, pese a estar preparado para la audiencia, la reprogramación se llevó a cabo y que se notificará la nueva fecha y hora oportunamente. El congresista mantiene su postura de no retractarse respecto a las denuncias que ha hecho contra Montealegre, por contratos que según él fueron celebrados con la firma jurídica vinculada a la familia del exministro en tiempos del gobierno de Gustavo Petro.
El trasfondo de la controversia radica en las investigaciones y denuncias realizadas por Briceño en torno a la gestión y contratación pública realizada para el Sistema de Medios Públicos, que según el congresista funcionaría como una plataforma de propaganda con entrega irregular de contratos. En particular, cuestiona el pago cercano a 1.800 millones de pesos que la firma Economía, Derecho y Sociedad S.A.S., vinculada al exministro Montealegre, habría recibido del Gobierno Petro por servicios jurídicos relacionados con la fallida consulta popular.
Briceño ha expresado que esta contratación representa un conflicto de interés y un uso indebido de recursos estatales para la defensa legal de funcionarios en procesos particulares, incluyendo al propio Montealegre. Asimismo, señala que su postura ha generado oposición, pero insiste en que defender su posición conlleva riesgos que está dispuesto a asumir.
La Corte Suprema reiteró que la audiencia de conciliación será fijada nuevamente y que seguirá adelante con el proceso judicial en el que ambas partes expondrán sus argumentos. Esta controversia mantiene en el centro del debate la transparencia en la contratación estatal y la función de los mecanismos legales para dirimir conflictos políticos y administrativos.
Esta noticia se fundamenta en información publicada originalmente por Infobae Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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