COLOMBIA, 25 de agosto de 2026. El expresidente Gustavo Petro manifestó públicamente que la magistrada Cristina Lombana estaría ejerciendo una persecución política contra la senadora Martha Peralta en el marco de una investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia por presuntos actos de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
Cuatro magistrados de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema remitieron ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Procuraduría General de la Nación, un documento en que señalan supuestas irregularidades en la actuación de la togada en dicho caso. El escrito fue elaborado por el abogado defensor de la congresista, Marlon Fernando Díaz Ortega, y fue suscrito por los magistrados Francisco Javier Farfán Molina, Marco Antonio Rueda Soto, César Augusto Reyes Medina y Misael Fernando Rodríguez Castellanos.
En el documento, los magistrados advierten posibles incidencias en el ejercicio del derecho a la defensa y en las garantías del debido proceso, además de cuestionar el uso de competencias coercitivas por parte de la magistrada Lombana. Por estas razones, decidieron remitir copia a los organismos competentes para que valoren la responsabilidad disciplinaria y penal que podrían derivarse de los hechos señalados.
En sus declaraciones públicas, Gustavo Petro afirmó que “esto se llama persecución política desde la misma Corte Suprema de Justicia hecha por una magistrada” y señaló el desprestigio que, a su juicio, se ha generado en torno a la senadora, quien es representante del pueblo indígena wayúu.
Por su parte, la magistrada Lombana rechazó las acusaciones y afirmó que todas sus decisiones en el proceso han sido respaldadas por jueces constitucionales y se han ajustado rigurosamente a la ley. Además, indicó que ha sido objeto de reiterados ataques, que atribuyó a razones de género, y aseguró que estos no la han desanimado sino fortalecido en el ejercicio de su función.
La togada también indicó que varios de sus colegas magistrados han intentado apartarla de la instrucción de casos sensibles que han despertado interés público. Según sus palabras, cuatro de cinco magistrados hombres han votado en bloque para separarla de dichos procesos.
Este episodio refleja un ambiente de tensión en la Corte Suprema de Justicia en el contexto de una investigación sensible y de alto perfil político, que involucra a una senadora indígena y que ha generado debates sobre la autonomía judicial, el debido proceso y posibles presiones políticas.
La Comisión de Investigación y Acusación y la Procuraduría General de la Nación disponen ahora de los elementos para continuar el examen de las presuntas irregularidades en la actuación de la magistrada Lombana y determinar, conforme a sus competencias, las consecuencias administrativas o judiciales que correspondan.
La situación continuará siendo seguida por diversos sectores del país dado el impacto que tiene en la institucionalidad y en la percepción ciudadana sobre la justicia y el equilibrio de poderes en Colombia.
Redacción ColombiaPrensa
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