COLOMBIA, 9 de octubre de 2026. El representante a la Cámara Daniel Briceño denunció el elevado costo que representan para el erario nacional los esquemas de seguridad asignados a los miembros del Congreso de la República y del Concejo de Bogotá, estimando que podrían superar los 725.000 millones de pesos entre 2026 y 2030.
Según Briceño, solo en 2026 este gasto alcanzará aproximadamente los 181.413 millones de pesos. Esta cifra incluye la protección asignada a senadores, representantes a la Cámara y concejales de la capital, quienes, según explicó, cuentan con esquemas de seguridad que involucran desde una camioneta blindada hasta varios escoltas, dependiendo del estudio de riesgo realizado para cada funcionario.
El representante detalló que el Congreso es una de las instituciones con mayor despliegue de estas medidas de seguridad, otorgando al menos una camioneta y dos escoltas por legislador, aunque algunos cuentan con hasta tres vehículos y ocho escoltas, debido a que su nivel de riesgo se considera extraordinario. Igualmente, resaltó que el Concejo de Bogotá dispone de 45 camionetas blindadas, con asignación de policías para sus respectivos esquemas de protección.
Esta situación se produce a pesar de que, tras la firma del Acuerdo de Paz en 2016 con las extintas FARC-EP, se planteó el desmonte de varios esquemas de seguridad en el país. Sin embargo, Briceño señaló que la realidad es distinta, pues el número de vehículos blindados y escoltas parece incrementar año tras año.
Briceño puntualizó que en el Congreso hay alrededor de 500 camionetas blindadas que son renovadas periódicamente para mantener modelos recientes, lo que añade un costo considerable. Por ello, el representante instó a abrir un debate sobre la necesidad y la dimensión económica de mantener estos estudios de seguridad, que impactan significativamente el gasto público.
Hasta el momento, no se ha conocido la postura oficial del Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella respecto a esta problemática. De concretarse una reducción en los esquemas de seguridad, podría generarse un ahorro notable en recursos del Estado.
La denuncia de Daniel Briceño se suma a la discusión histórica en Colombia sobre la asignación obligatoria de vehículos y escoltas blindados a funcionarios públicos, una medida que fue implementada considerando que el riesgo de seguridad aumento al asumir un cargo público. Sin embargo, el tamaño y el costo creciente de estos esquemas han generado cuestionamientos públicos y políticos sobre su racionalidad y sostenibilidad financiera.
Redacción Noticias BusinessCol
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