COLOMBIA, 9 de octubre de 2026. El representante a la Cámara Daniel Briceño dio a conocer que los esquemas de seguridad destinados a congresistas y concejales de Bogotá alcanzarían un costo superior a los $181.413 millones durante el año 2026. Esta cifra, divulgada a través de un reporte basado en datos del Sistema Electrónico de Contratación Pública (Secop II), señala que en los próximos cuatro años el gasto acumulado podría llegar a los $725 mil millones si se mantienen los techos presupuestales actuales.
Briceño destacó en su cuenta de X la necesidad de abrir un debate sobre el uso de estos recursos públicos enfocados en la protección personalizada de los legisladores y funcionarios en situaciones de riesgo extremo. Según el reporte, el contrato con mayor asignación corresponde a la Cámara de Representantes, con un valor cercano a $123.225 millones para esquemas vigentes hasta finales de 2026. El Senado, por otro lado, tiene dos contratos activos que suman aproximadamente $45.118 millones para la seguridad de senadores y funcionarios.
Detalles del esquema para Rodrigo Londoño
Un caso particular mencionado en el debate fue el del excomandante de las FARC y actual presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño, conocido como “Timochenko”. Durante una sesión de control político en la Cámara de Representantes el 29 de septiembre, Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), informó que Londoño dispone de un esquema conformado por seis vehículos blindados y 16 escoltas. El director aclaró que, tras un estudio de riesgo, se desestimó una ampliación adicional del esquema.
De acuerdo con fuentes oficiales de la UNP citadas por Infobae Colombia, el costo mensual estimado de este esquema asciende a $335.673.142, desglosado en $220.800.000 para escoltas, $107.423.142 para vehículos blindados, y otros gastos asociados como combustible y peajes. El cálculo anual supera los $4.028 millones, sin incluir insumos adicionales como armamento, chalecos antibalas o sistemas de comunicación que requieren estos dispositivos.
Retiro de esquemas de protección a exfuncionarios
La discusión sobre estos costos se da en el contexto de recientes decisiones de la UNP para suspender o retirar esquemas a varios exfuncionarios del gobierno de Gustavo Petro. Entre los afectados se encuentran exministros, directores y otras figuras públicas con medidas especiales, tales como Armando Benedetti, Germán Ávila, Antonio Sanguino, Diana Morales, Daniel Quintero y Ángela María Robledo, entre otros. Estas medidas forman parte de los ajustes en los protocolos de protección adoptados por la entidad.
El informe de Briceño ofrece una perspectiva global sobre el manejo de estos recursos y propone la revisión y análisis público sobre la asignación presupuestal para la seguridad de los representantes populares, un tema con impacto directo en el gasto público y la gestión estatal.
Redacción ColombiaPrensa
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