COLOMBIA, 6 de octubre de 2026. El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, realizó una grave denuncia sobre presuntas actividades ilegales de espionaje en el gobierno del expresidente Gustavo Petro, que habrían sido ejecutadas a través de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
Según la información publicada por la revista Semana, una auditoría encargada por Abelardo de la Espriella, entonces presidente de la DNI, reveló que entre 2022 y 2026 esta entidad habría operado como una denominada “policía política”, realizando seguimientos e interceptaciones ilegales a diversas personalidades importantes del país, contrariando las garantías y compromisos planteados por Petro durante su trayectoria como senador de oposición en 2008.
Las conclusiones de la auditoría indican infiltración de agentes sospechosos, corrupción interna, y la intervención de agentes extranjeros dentro de la DNI, lo cual habría derivado en la manipulación y politización de información sensible y reservada del Estado colombiano.
Francisco Barbosa, en entrevista con el programa La Noche de NTN24, calificó la situación como lamentable e insegura para el Estado de derecho, afirmando que el proceso de vigilancia habría sido dirigido incluso contra la Fiscalía General de la Nación durante investigaciones a personas cercanas al presidente Petro.
“Estamos hablando de utilizar el aparato de inteligencia para vigilar al fiscal general, precisamente cuando la Fiscalía investigaba a personas del entorno del presidente de la República”, expresó Barbosa. Adicionalmente, señaló que esta conducta constituiría un claro intento de intimidación y neutralización, además de una violación masiva a la ley, a las instituciones y a la Constitución Política.
El exfiscal indicó que ya presentó una denuncia formal y se encuentra interesado en que las investigaciones correspondientes lleguen a sus últimas consecuencias, enfatizando el compromiso con la transparencia y la legalidad en las instituciones públicas.
Este caso ha generado atención en el ámbito judicial y político debido a la seriedad de las acusaciones contra uno de los órganos fundamentales del Estado encargado de la inteligencia y seguridad, lo que implicaría un uso indebido del poder y afectaciones a los derechos constitucionales.
ColombiaPrensa continuará el seguimiento a esta denuncia en procura de informar sobre los avances de las investigaciones y el pronunciamiento oficial de las entidades involucradas.
Redacción ColombiaPrensa
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