COLOMBIA, 6 de octubre de 2026. La Fiscalía General de la Nación informó que entre el 1 de agosto y el 30 de septiembre de 2026 fueron judicializadas 275 personas presuntamente involucradas en delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes en Colombia. Estas acciones forman parte de una estrategia focalizada denominada ‘Meses de la Justicia para la Niñez’, cuyo objetivo es fortalecer las investigaciones relacionadas con hechos que afectan la libertad, integridad y formación sexual de menores de edad.
La mayoría de las actuaciones se concentraron en los departamentos de Antioquia, Tolima, Valle del Cauca, Bolívar, Santander, Cundinamarca, Córdoba y la capital del país, Bogotá. Para llevar a cabo estos procesos, la Fiscalía contó con la participación de fiscales seccionales de los Centros de Atención e Investigación Integral a las Víctimas de Delitos Sexuales (Caivas) y fiscales especializados de la Unidad Especial de Investigación de Delitos Priorizados Cometidos contra Niños, Niñas y Adolescentes (UENNA).
En el desarrollo de la investigación, las imputaciones incluyeron delitos como actos sexuales y acceso carnal con menor de 14 años, violencia intrafamiliar y explotación sexual de menores de 18 años. De las 275 personas judicializadas y puestas ante jueces de control de garantías, 258 recibieron medidas privativas de la libertad.
La Fiscalía señaló que en una parte significativa de los casos los presuntos agresores pertenecían al entorno familiar o cercano de las víctimas, incluyendo personas con relaciones de confianza. Esta información pone en evidencia la complejidad de las investigaciones y la necesidad de fortalecer los entornos de protección para los menores.
Casos representativos en diferentes regiones
Entre los casos destacados, la Fiscalía informó sobre la judicialización de Luis Alfonso Guzmán, procesado por presuntos abusos sexuales contra un adolescente de 15 años en Ciudad Bolívar, sur de Bogotá. Guzmán habría aprovechado su condición de profesor y la confianza con la víctima para trasladarla a un apartamento. Frente a estos hechos, se le imputó el delito de acto sexual violento agravado y fue enviado a un centro carcelario.
En Soacha, Cundinamarca, otro hombre fue judicializado por ejercer presuntamente violencia sexual reiterada contra una prima menor de edad entre 2015 y 2020. Este procesado fue vinculado por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años, con medida de aseguramiento.
En Medellín, Antioquia, un hombre fue presentado ante un juez por hechos ocurridos en agosto de 2025 referidos a una niña de siete años, su hijastra. El imputado enfrenta cargos por acceso carnal abusivo con menor de 14 años y violencia intrafamiliar, ambos agravados.
En Vichada, en los municipios de Cumaribo y Puerto Carreño, dos hombres son investigados por agresiones sexuales contra cuatro niñas y adolescentes de comunidades indígenas ocurridas entre 2010 y 2025. Se reportó que uno de los hombres habría dejado embarazada en dos oportunidades a una víctima de 13 años, mientras que las niñas nacidas también habrían sufrido agresiones. Uno de los procesados aceptó cargos por delitos sexuales y violencia intrafamiliar.
Otro caso corresponde a José María Leite Barazana, docente en una institución educativa de Carurú, Vaupés. Fue judicializado por presuntos abusos sexuales contra cuatro estudiantes menores en 2025, con imputaciones por actos sexuales con menor de 14 años agravado.
Estrategia y próximos pasos
La Fiscalía General de la Nación destacó queestas acciones hacen parte de una política dirigida a mejorar la investigación de delitos sexuales contra menores de edad y a garantizar que los responsables sean llevados ante la justicia. Además, subrayó la importancia de fomentar entornos de confianza y protección para los niños, niñas y adolescentes, facilitando espacios de diálogo que permitan la identificación temprana de situaciones de riesgo y la expresión adecuada de las víctimas.
Se espera que los procesos judiciales continúen su camino en los juzgados correspondientes, donde los jueces evaluarán las pruebas y determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley.
Esta labor se enmarca en una respuesta institucional que busca enfrentar con rigor este tipo de conductas que afectan a la población más vulnerable del país, reafirmando el compromiso del Estado con la defensa de los derechos de los niños y adolescentes.
Fuente: Diario Oriente
Redacción ColombiaPrensa
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