COLOMBIA, 6 de octubre de 2026. El exfiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, presentó una denuncia ante la Fiscalía tras las revelaciones publicadas por la revista SEMANA sobre posibles interceptaciones y seguimientos selectivos en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el gobierno de Gustavo Petro.
La denuncia se basa en un informe resultado de una auditoría ordenada por el presidente Abelardo De La Espriella a la DNI, que documenta actividades de vigilancia sin autorización legal a través de órdenes de trabajo o instrucciones verbales para evitar dejar registros. Entre las prácticas denunciadas están consultas a bases de datos financieras, cambiarias, de abonados celulares, notariales, vehiculares, pensionales y migratorias cuyos resultados eran reportados semanalmente a la Presidencia, refiere el documento radicado por Barbosa.
El exfiscal además solicitó a su sucesora en el ente acusador que se inicien las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades en estas acciones, que considera afectan la legalidad y el debido proceso. Según su abogado defensor, Juan Camilo Caicedo, estas actuaciones estarían relacionadas con la oposición de Barbosa a beneficios propuestos desde el gobierno para ciertos grupos vinculados al narcotráfico, lo que generó un conflicto institucional.
En el escrito, Barbosa advierte que el entonces presidente Gustavo Petro desarrolló una campaña fundamentada en información falsa con el fin de dañar su honra y buen nombre, objetivo que se habría intensificado hacia finales de 2023 mediante medios de comunicación y redes sociales. La investigación buscará establecer si las supuestas informaciones obtenidas ilegalmente por la DNI habrían sido utilizadas como insumo para esta campaña.
La denuncia contempla un listado de posibles delitos para que la Fiscalía continúe con las indagaciones necesarias y determine la autoría y alcance de las interceptaciones y seguimientos ilegales, como se evidenció en las revelaciones de SEMANA. Tanto el informe como la denuncia subrayan la gravedad de estas acciones y su impacto en la institucionalidad y los derechos fundamentales.
Este caso se suma a las complejidades presentadas en la relación entre el exfiscal Barbosa y el gobierno de Gustavo Petro, quien en ocasiones previas había expresado críticas públicas contra el funcionario, argumentando supuestos vínculos con corrupción en el narcotráfico, afirmaciones que el exfiscal ha rechazado categóricamente.
La Fiscalía será la encargada de avanzar en este expediente judicial que, por la naturaleza de las denuncias, representa un asunto de alto interés en el ámbito político y judicial colombiano, con repercusiones directas sobre el ejercicio de los órganos de control y la protección del Estado de derecho.
Redacción ColombiaPrensa
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