COLOMBIA, 2 de noviembre de 2026. El gobierno del presidente Abelardo De La Espriella, que llegó al poder con una promesa de profesionalizar la administración pública a través del mérito, ha sido objeto de señalamientos por designaciones de funcionarios cercanos familiares y aliados políticos, según una investigación publicada por VORÁGINE.
De La Espriella lanzó al inicio de su mandato una plataforma llamada Banco de Talentos para la selección de servidores públicos mediante hojas de vida, con una inversión de 773 millones de pesos para su operación. Sin embargo, a tres meses de haber iniciado el gobierno, solo 145 personas fueron nombradas a través de este mecanismo, lo que representa menos del 0,1 % del total de servidores públicos en la Rama Ejecutiva.
La investigación revela que varios cargos clave han sido otorgados a hermanos y familiares de políticos influentes, antiguos presidentes, y aliados cercanos al mandatario. Uno de los casos destacados es el de Sergio Alberto Mora López, quien fue designado coordinador de la Unidad de Gestión Territorial de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en septiembre de 2026. Mora López es hermano del ministro de Defensa, Jorge Mora, y ambos cuentan con una trayectoria vinculada a cargos públicos y militares. Este parentesco ya había generado controversia anteriormente, dada la reglamentación de inhabilidades políticas en Colombia.
En el sector agrícola, el ministro Indalecio Dangond Baquero nombró a Carlos Campo Cuello como gerente del Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), mientras que su hermana, María Isabel Campo Cuello, asumió la gerencia del Fondo Nacional de Turismo (Fontur). Los hermanos Campo Cuello son hijos de Rodolfo Campo Soto, quien fue alcalde de Valledupar y estuvo involucrado en investigaciones relacionadas con Agro Ingreso Seguro, un caso judicial que finalizó en prescripción judicial en 2024.
María Isabel Campo Cuello estuvo casada con Sergio Araújo, relacionado familiarmente con excongresistas del clan Araújo, entre ellos María Consuelo Araújo, quien fue designada embajadora de Colombia en Estados Unidos por el presidente De La Espriella. Esta última ha estado ligada también al gobierno del expresidente Álvaro Uribe, con antecedentes en el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El senador Enrique Gómez Martínez, líder del partido Salvación Nacional, aliado político del presidente, ha visto a varios familiares en el gobierno: él mismo es congresista, su hermano Miguel Gómez Martínez es ministro de Hacienda, y su hijo Nicolás Gómez es jefe de despacho presidencial. Además, el partido ha tenido contratos millonarios que financiaron la campaña presidencial de De La Espriella, marcando una relación estrecha entre estos grupos políticos.
En el ámbito regional y deportivo, Juliana Gutiérrez Zuluaga, hermana del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, fue nombrada ministra del Deporte pese a no registrar experiencia en el sector. Asimismo, Natalia López Fuentes, ligada al mismo movimiento político, asumió el Ministerio de Trabajo.
Los lazos familiares también se extienden a otros sectores gubernamentales. Jaime Vives Pinedo fue nombrado presidente de Coljuegos y tiene vínculos familiares con Joaquín Gutiérrez, jefe de campaña de De La Espriella y presidente de Ecopetrol. Asimismo, Tania Gilinski Bacal, hermana del banquero Jaime Gilinski, fue designada embajadora en Israel, cargo que ocupó previamente entre 2010 y 2013.
Estos nombramientos, que involucran a hermanos, hijos, y cuñados de ministros, aliados de campaña y expresidentes, plantean cuestionamientos sobre el cumplimiento del principio de mérito proclamado por el gobierno, y reflejan una tendencia al nombramiento de familiares y cercanos, contrariando el discurso inicial de abrir la administración pública a perfiles independientes y basados en capacidades.
Ante estas evidencias, el presidente De La Espriella ha insistido en que en su administración el mérito es fundamental y que no se requieren influencias o recomendaciones para acceder a cargos públicos. No obstante, la práctica de nombramientos familiares y políticos continúa generando debate sobre la transparencia y la gobernabilidad del actual gobierno.
Redacción ColombiaPrensa
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