COLOMBIA, 9 de octubre de 2026. El Gobierno nacional, encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella, solicitó al Congreso de la República tramitar con mensaje de urgencia un proyecto de ley para modificar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, el cual incrementaría el monto asignado de $635 billones a más de $637 billones.
Esta adición presupuestal pretende destinar $2,7 billones para atender la emergencia generada por el sismo del 10 de agosto de 2026, mientras que un traslado de $1,2 billones se orientaría a enfrentar la crisis energética provocada por el fenómeno de El Niño. Según el documento oficial, estos recursos tienen como fuente el recaudo adicional previsto por las medidas tributarias, aduaneras y cambiarias establecidas en el Decreto Legislativo 1419 de 2026.
La iniciativa también contempla que esos nuevos fondos sean administrados a través del Fondo Milagro, un patrimonio autónomo creado para centralizar la asistencia humanitaria y la recuperación de los territorios afectados tanto por el terremoto de magnitud 7,4 como por las consecuencias del fenómeno climático que impacta la confiabilidad del suministro eléctrico nacional.
El Fondo Milagro opera bajo la dirección del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex) encargada de la constitución y administración del patrimonio autónomo. Aunque Fiducoldex maneja el fondo de manera operativa, la administración de los recursos recae en la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, a través del Sistema de Cuenta Única Nacional.
La estructura de gobernanza del Fondo Milagro incluye un Consejo Directivo integrado por siete miembros con derecho a voto: cinco designados por el presidente de la República, un delegado del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y otro del Ministerio de Hacienda. Además, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) participa con voz pero sin voto. La gestión diaria está bajo la responsabilidad de un gerente nombrado por el Ejecutivo y financiado con recursos del patrimonio autónomo.
El Gobierno también estableció multas de hasta el 10% del valor del contrato para el gerente en caso de retrasos o incumplimientos, y señaló que la remuneración de Fiducoldex sería de 142 salarios mínimos mensuales, lo que equivale aproximadamente a $248,6 millones mensuales sin IVA. Este pago comenzará durante la etapa preparatoria previa a la ejecución de obras o desembolsos de ayudas.
No obstante, la congresista por la Alianza Verde, Catherine Juvinao, presentó críticas a la estructura del Fondo, cuestionando especialmente el costo de mantener la fiducia antes de que inicien las obras y señalando que el contrato no establece un término definido de duración. Además, alertó que el valor total del contrato todavía no aparece registrado en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop).
Frente a la demora de casi dos meses en la creación y puesta en marcha del Fondo Milagro, el presidente de la República solicitó comprensión debido a la complejidad de la situación heredada y la lentitud estructural del Estado para responder a emergencias de esta magnitud.