COLOMBIA, 13 de octubre de 2026. El Gobierno nacional, liderado por el presidente Abelardo de la Espriella, presentó un borrador de decreto que propone tramitar de manera simultánea la consulta previa y la licencia ambiental para grandes proyectos de infraestructura, minería, hidrocarburos y generación eléctrica. La iniciativa busca reducir los tiempos de trámite para estas iniciativas, en particular aquellas que deben cumplir con procesos tradicionales secuenciales que han generado demoras significativas.
Esta propuesta, que se mantiene abierta para observaciones ciudadanos hasta el 14 de octubre de 2026, fue presentada por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Fabio Arjona. El borrador plantea que, aunque ambos trámites se realicen en paralelo, cada uno conservará sus requisitos y decisiones técnicas propias, sin eliminar ninguno de los procedimientos establecidos por la ley.
Actualmente, la regulación vigente impide iniciar el proceso para obtener la licencia ambiental sin que primero se haya concluido la consulta previa, lo que contribuye a extender significativamente los plazos para la ejecución de proyectos. En este sentido, el ministro Lara enfatizó que el cambio permitirá acortar hasta dos años el tiempo de preparación de ciertas iniciativas. “Mientras se tramita la consulta previa, se puede iniciar inmediatamente la ambiental”, señaló en su cuenta oficial de la red social X, dejando claro que el derecho a la consulta no se verá afectado.
Adicionalmente, el Ministerio del Interior propone que las consultas previas tengan una duración limitada de seis meses, señalando que retrasos prolongados han afectado la ejecución de obras y, en ocasiones, han estado asociados a situaciones de extorsión durante el proceso.
Por su parte, el ministro Fabio Arjona explicó que la simultaneidad en los trámites no implicaría menoscabo en los estándares ambientales. Las autoridades a cargo continuarán efectuando el examen técnico riguroso de los estudios necesarios para otorgar las licencias, garantizando el cumplimiento de las exigencias ambientales.
Entre los proyectos que podrían beneficiarse con esta medida se encuentra Sirius, uno de los hallazgos más relevantes de gas en el país, que actualmente enfrenta cerca de 120 consultas previas relacionadas con el gasoducto para transportar este recurso desde el fondo del mar Caribe colombiano. Otros ejemplos incluyen la línea de transmisión Colectora, parques eólicos en La Guajira y varios proyectos viales y de hidrocarburos afectados por demoras vinculadas al orden actual de los trámites requeridos.
El Gobierno, mediante esta propuesta, busca no sólo agilizar los procesos administrativos sino también reducir los costos asociados, sin sacrificar el rigor que exige la regulación ambiental vigente. El proceso para la definición del decreto incluye un periodo de comentarios y ajustes para su versión final.
Paralelamente a esta iniciativa, el Ejecutivo también avanza en la elaboración de un Estatuto Antiterrorista que será presentado en las próximas semanas al Congreso de la República. Según confirmó el ministro Lara, este estatuto contempla ampliar las herramientas legales contra los grupos armados organizados, incluyendo listas específicas de organizaciones, un régimen carcelario especial y medidas para el control patrimonial. No obstante, ha generado advertencias respecto a posibles impactos sobre libertades públicas.
Rodrigo Lara precisó que la propuesta está dirigida exclusivamente contra organizaciones catalogadas como terroristas y descartó que afecte a activistas, partidos políticos o miembros de la oposición que actúen dentro del marco legal. En un mensaje público afirmó: “Los únicos que deben temerlo son las organizaciones terroristas. Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer”.
El ministro destacó que el borrador es preliminar y que durante su trámite en el Gobierno se han incorporado medidas adicionales para combatir las finanzas ilegales de grupos criminales. Explicó que la sesión del Consejo de Política Criminal prevista para revisar el texto fue aplazada hasta el 15 de octubre, pero que la propuesta presentada al Legislativo tendrá como objetivo fortalecer la protección a la población y garantizar el cumplimiento de la ley en todo el territorio nacional.
La implementación de estos proyectos normativos marcará un paso significativo en las políticas públicas para acelerar iniciativas estratégicas bajo los parámetros ambientales y de seguridad, en el marco del mandato del Gobierno de Abelardo de la Espriella.
Redacción ColombiaPrensa
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