COLOMBIA, 22 de septiembre de 2026. El expresidente Gustavo Petro se pronunció este martes en su cuenta oficial de X respecto a una acción popular presentada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que busca detener la compra de 17 aviones de combate Gripen E/F por parte del gobierno colombiano. La demanda también pretende suspender las operaciones presupuestales y financieras relacionadas con la adquisición de estas aeronaves.
La acción popular fue promovida por el abogado Guillermo Rodríguez Martínez y dirigida contra diversas entidades del Estado, entre ellas la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC), los ministerios de Defensa y Hacienda, la Presidencia de la República, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), el Comando General de las Fuerzas Militares y la Armada Nacional.
El recurso se enfoca principalmente en cuestionamientos sobre los detalles de financiación, el presupuesto y las condiciones de pago previstas para la compra, más que en aspectos técnicos o operativos de los aviones. Para justificar su demanda, el abogado solicitó un conjunto de documentos relacionados con el cronograma de desembolsos, estudios previos, análisis costo-beneficio, el contrato, aval fiscal emitido por el Consejo Superior de Política Fiscal (Confis), documento Conpes 4155 y autorizaciones de vigencias futuras.
Sin embargo, la Fuerza Aeroespacial Colombiana respondió que parte de la información requerida está en reserva por tratarse de temas sensibles vinculados con la defensa y seguridad nacional, lo que generó un cuestionamiento del demandante por considerar que debe distinguirse entre la información técnico-operativa y los soportes financieros y contractuales.
Ante esta situación, Gustavo Petro manifestó desde la plataforma X que la demanda refleja intereses de ciertos sectores que prefieren mantener en Colombia equipos de tercera mano, como los F-16 estadounidenses y los aviones Kfir israelíes, que ya tienen décadas de servicio. En su opinión, los jefes cercanos al presidente Abelardo de la Espriella se resisten a que el país tenga un ejército fuerte y equipado con nuevo armamento propio, y buscan un “ejército cipayo” en lugar de uno soberano.
Petro destacó que el contrato para la compra de los Gripen E/F fue firmado y se encuentra en etapa de ejecución, con un valor aproximado de 3.135,5 millones de euros según información oficial de la FAC. La demanda pide la suspensión inmediata de la ejecución del contrato, incluyendo desembolsos, autorizaciones presupuestales y otras decisiones financieras, hasta que las entidades involucradas acrediten públicamente las condiciones y fuentes de financiación.
Esta acción legal representa la primera intervención judicial conocida que busca afectar directamente el acuerdo con la compañía sueca Saab para modernizar la flota de la fuerza aérea colombiana. La controversia se mantiene en el plano presupuestal y financiero, y ha abierto un debate público sobre la autonomía y fortalecimiento de la defensa nacional.
La posición del expresidente Petro, expresada a través de sus redes sociales, añade un componente político a la discusión, cuestionando a quienes considera adversarios de la modernización militar y señalando que su postura es contraria a la tenencia de un ejército fortalecido y soberano que pueda garantizar la defensa y seguridad del país.
Colombia continúa así en un escenario de intensa discusión sobre la gestión de sus fuerzas armadas y el manejo presupuestal de inversiones claves para la seguridad nacional, mientras la demanda judicial avanza para que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca defina si procede suspender la compra de los aviones de combate.
Redacción ColombiaPrensa
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