COLOMBIA, 7 de octubre de 2026. El senador Iván Cepeda, del Pacto Histórico y excandidato presidencial, expresó fuertes críticas al estatuto antiterrorista que está preparando el Gobierno nacional para enfrentar a los grupos armados ilegales, del cual se espera su presentación oficial próximamente.
Aunque el contenido del proyecto permanece bajo reserva, Cepeda manifestó varias inquietudes sobre el alcance de las disposiciones propuestas, especialmente en materia de derechos y libertades ciudadanas. Según el congresista, el estatuto podría convertirse en un instrumento que termine debilitando las garantías constitucionales y permitiría un régimen autoritario con manos libres para vulnerar los derechos humanos en Colombia.
Uno de los cuestionamientos centrales de Cepeda está dirigido a la definición de terrorismo que emplearía el estatuto. El senador advirtió que esta definición sería demasiado amplia, incluyendo conceptos como miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o el uso de violencia. En consecuencia, conductas que actualmente no se consideran terroristas podrían ser clasificadas bajo esta nueva categoría legal.
“Terrorista es cualquier acción que produzca miedo, pánico, zozobra, riesgo, amenazas o utilización de violencia”, afirmó Cepeda, señalando que dicha amplitud podría afectar también actividades que hoy son legales.
Cepeda también criticó que el estatuto se base en un modelo principalmente estadounidense y mostró preocupación respecto a la potestad del Gobierno para definir qué personas o grupos serían calificados como terroristas sin una decisión judicial previa, lo que, según el senador, abriría un amplio margen a la arbitrariedad y decisiones de corte autoritario.
Otra preocupación recaería en la eventual inclusión de personas naturales en las listas de señalados como terroristas, además de las organizaciones, lo que podría afectar derechos individuales como el buen nombre, así como imponer sanciones económicas o daños patrimoniales, incluso en ausencia de condenas o procesos judiciales.
Cepeda cuestionó además la creación de la figura del alto comisionado contra el terrorismo, un cargo con amplias facultades y una duración de cinco años, que podría exceder el periodo de un gobierno y concentrar poder vinculándolo a un estado de excepción, lo que considera especialmente delicado.
El estatuto antiterrorista se plantea como una de las herramientas claves del Ejecutivo para enfrentar la amenaza persistente de grupos armados ilegales en Colombia. Sin embargo, con anticipación a la divulgación oficial de su contenido, las críticas y reparos del senador Iván Cepeda abren un escenario de debate político y jurídico sobre los límites adecuados de estas medidas y el equilibrio con la protección de los derechos fundamentales en el país.
Fuente: Chica Noticias
Redacción ColombiaPrensa
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