COLOMBIA, 13 de noviembre de 2026. La Ley de Sometimiento fue firmada por los presidentes del Senado y la Cámara de Representantes, Honorio Henríquez y Nicolás Barguil respectivamente, luego de concluir su trámite legislativo en el Congreso el pasado 3 de noviembre tras un debate que se extendió por más de 12 horas.
El texto aprobado, que modifica y adiciona disposiciones a la Ley 418 de 1997 sobre Ley de Orden Público, también fue rubricado por los secretarios generales de ambas corporaciones, Diego González en el Senado y Miguel Ángel Sánchez en la Cámara de Representantes, como consta en la última página del documento.
Esta normativa tiene el propósito de establecer un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales y estructuras criminales puedan someterse a la justicia ordinaria. Además, busca desmontar la política de Paz Total impulsada por el gobierno de Gustavo Petro, fortaleciendo la autoridad y la justicia en el país.
Tras la firma de los presidentes del Congreso, la iniciativa quedó en manos del presidente de la República para su sanción presidencial, acto que se esperaba para el 4 de noviembre, fecha límite para que la ley sea promulgada oficialmente.
El presidente de la Cámara de Representantes, Nicolás Barguil, expresó que la Ley de Sometimiento representa un paso fundamental para que quienes han cometido delitos respondan ante la ley y para recuperar la autoridad en Colombia.
Con esta ley se propone un fortalecimiento del sistema judicial colombiano frente a la criminalidad organizada, garantizando que los procesos penales contra miembros de grupos armados ilegales se desarrollen en el marco de la justicia ordinaria. Este cambio implica la modificación de aspectos centrales de la Ley 418 de 1997, popularmente conocida como Ley de Orden Público.
La aprobación del proyecto en el Congreso fue una muestra de la voluntad política frente a la búsqueda de soluciones legales para la seguridad y el orden en Colombia, dado que la actual legislación y políticas habían enfrentado críticas y cuestionamientos en su eficacia.
Con la Ley de Sometimiento, se abre un camino legal hacia la investigación y sanción de grupos ilegales, estableciendo mecanismos para su sometimiento voluntario a la justicia ordinaria y la entrega de armas, en un esfuerzo coordinado por diferentes entidades del Estado para garantizar la legalidad y el Estado de derecho.
El proceso de sanción presidencial es el último paso para que esta ley entre en vigencia formalmente, y se espera que con su puesta en marcha, las autoridades judiciales y de seguridad fortalezcan su capacidad de acción en la lucha contra la delincuencia organizada y los grupos armados ilegales en el país.
Redacción ColombiaPrensa
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