COLOMBIA, 13 de julio de 2026. El presidente saliente de Colombia, Gustavo Petro, emitió una orden clara para que ningún establecimiento militar sea utilizado para la ceremonia de posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella, prevista para el próximo 7 de agosto. En un mensaje difundido por su cuenta en la red social X, Petro señaló que hasta ese día continuará siendo el comandante supremo de las fuerzas militares y policiales, y, por lo tanto, tiene la facultad constitucional para restringir el uso de las guarniciones militares.
El mandatario destacó que la transmisión del mando presidencial debe realizarse conforme a las leyes de la República y la Constitución, que establecen que el presidente debe posesionarse ante el Congreso de la República en sesión plenaria, cuya sede principal se encuentra en Bogotá. “En los cuarteles no se hacen leyes, se hacen acciones de seguridad y defensa del pueblo y su vida”, sostuvo Petro, indicando que los militares solo honran con el saludo al comandante supremo, y mientras él continúe en ese cargo, ningún oficial militar debe saludar a un civil.
Esta disposición ha generado un debate público, pues el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, había anunciado que la ceremonia de posesión sería en una guarnición militar, con el fin de reconocer y dar un espaldarazo simbólico a las instituciones armadas del país. Restrepo había indicado que la toma de posesión será austera y sin espectáculos mediáticos, resaltando la importancia de iniciar oficialmente el mandato constitucional desde un lugar significativo para las fuerzas públicas.
Frente a esta controversia, el movimiento político Defensores de la Patria solicitó a la Secretaría del Congreso una aclaración sobre la posibilidad y procedimiento para trasladar la sede del Congreso a un lugar distinto a Bogotá para la posesión. Paralelamente, el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, expresó que esta modificación no es incompatible con el ordenamiento jurídico, señalando que el Congreso puede sesionar en otras partes del país, como la Plaza de Bolívar, si así se acuerda y se decreta formalmente.
La decisión de Petro enfatiza el carácter constitucional de la posesión presidencial y subraya el respeto a las instituciones democráticas, marcando un contraste con la intención de usar instalaciones militares para el acto protocolario. La situación refleja un momento delicado en la transición de gobierno, en donde se reafirman los roles y competencias de cada actor en el proceso.
Esta controversia se da a pocas semanas de la entrega formal del poder, y pone en relieve la importancia del apego estricto a la Constitución en todos los actos nacionales. La discusión sobre el lugar de la posesión presidencial también refuerza el papel tradicional del Congreso como escenario legítimo para la investidura de nuevos mandatarios, y cuestiona las implicaciones que puede tener la utilización de espacios militares para actos políticos.
El próximo 7 de agosto, fecha establecida constitucionalmente para la posesión presidencial, será el momento en que se defina la sede para el traspaso formal del poder. Mientras tanto, las autoridades tanto del gobierno saliente como del entrante deberán avanzar en las conversaciones y acuerdos que garanticen una transición institucional pacífica y respetuosa de las normas legales vigentes.
Redacción ColombiaPrensa
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