COLOMBIA, 28 de octubre de 2026. En medio de los primeros 100 días de gestión del gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha mostrado avances en diferentes sectores, persisten inquietudes relacionadas con el manejo económico del país, especialmente en torno a la demora para la aprobación de la ley del Presupuesto y las medidas de ajuste fiscal.
El Ministerio de Hacienda enfrenta críticas por la lentitud en la presentación de la ley de ajuste o de financiamiento, herramienta clave para establecer la hoja de ruta macroeconómica de Colombia durante los próximos cuatro años. Esta demora ha generado creciente incertidumbre en los mercados internacionales, bancos, gremios empresariales y analistas, que requieren claridad sobre la estabilidad jurídica, la certidumbre tributaria y el compromiso real con el crecimiento sostenible.
El presupuesto, que asciende a 635 billones de pesos y representa el más alto en la historia del país, busca transparentar los ingresos y gastos proyectados, pero la falta de definición en el plan económico genera dudas sobre su financiación. A pesar de la expectativa en torno a un posible programa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), aún no está claro si este será un acuerdo estructural o un ejercicio técnico para medir las reacciones internas.
Con un crecimiento económico promedio reciente del 2,3%, sectores como el productivo y los trabajadores formales expresan preocupación ante la posibilidad de una reforma tributaria estricta que recaiga principalmente sobre ellos. Se argumenta que el déficit fiscal actual tiene su origen en el sobregasto público durante la pandemia y la administración anterior, por lo que no correspondería que estos sectores asuman el costo económico asociado.
En este marco, se ha planteado que la prioridad del ajuste fiscal debe estar en la reducción significativa del gasto público, especialmente en la administración burocrática, proponiendo un recorte de hasta 40 billones de pesos. Este enfoque pretende promover un gobierno más eficiente y austero, evitando transferir la carga financiera a los contribuyentes habituales.
Entre las recomendaciones que podría hacer el FMI en este contexto se encuentran la enajenación de activos estatales considerados ineficientes o sin un rumbo claro, así como la lucha intensificada contra la evasión y elusión fiscal y la reducción de la informalidad laboral, aspectos que impactan directamente en las finanzas públicas y la capacidad de inversión.
Los expertos y observadores del sistema financiero insisten en la necesidad de que el Ministerio de Hacienda agilice la presentación y aprobación de la ley del Presupuesto y del ajuste fiscal para brindar certidumbre a los agentes económicos y facilitar la inversión necesaria para la recuperación y el desarrollo sostenible del país.
El resultado de este proceso será fundamental para materializar una hoja de ruta que equilibre el crecimiento económico, la estabilidad fiscal y una gestión transparente, que son esperadas tanto por los mercados como por la sociedad colombiana.
Redacción ColombiaPrensa
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