COLOMBIA, 7 de octubre de 2026. El debate político y constitucional sobre el Estatuto Antiterrorista que impulsa el Gobierno de Abelardo de la Espriella escaló este miércoles a raíz de las críticas formuladas por el senador Iván Cepeda, excandidato presidencial, quien calificó el proyecto como una amenaza para el Estado de derecho y alertó sobre su potencial para otorgar amplias facultades al Ejecutivo en detrimento de las libertades ciudadanas.
El proyecto, que según el borrador conocido será presentado ante el Consejo de Política Criminal, incluye la creación de un Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas, la figura de un Alto Comisionado contra el Terrorismo, nuevas conductas punibles, penas más severas y un régimen penitenciario especial para cabecillas de organizaciones terroristas.
Iván Cepeda señaló que la iniciativa podría sustituir el Estado de derecho e introducir un régimen autoritario en Colombia, en una valoración política basada en el contenido conocido del texto, y no como una conclusión jurídica.
Críticas a la definición de terrorismo
Entre los aspectos cuestionados, Cepeda puso énfasis en la definición del terrorismo planteada en el borrador, la cual describe esta conducta como aquella que produce “miedo, pánico y zozobra” y que implica riesgos o violencia. Según el senador, esta formulación es excesivamente amplia y podría conducir a que conductas legítimas, como la protesta social, sean calificadas como actos terroristas según criterio de las autoridades.
Controversia por el Registro Nacional de Organizaciones y Actores Terroristas
Otro punto conflictivo es el registro propuesto, inspirado en mecanismos estadounidenses que designan organizaciones terroristas extranjeras. Este mecanismo aplicaría medidas restrictivas a organizaciones y personas incluidas, lo que para Cepeda representa un riesgo por afectaciones al buen nombre, limitaciones económicas y daños patrimoniales sin una condena penal previa.
Por su parte, el Gobierno argumenta que esta herramienta permitirá desarticular estructuras criminales y debilitar sus fuentes de financiación.
Alto Comisionado contra el Terrorismo y concentración de poderes
El Estatuto introduce también la figura del Alto Comisionado contra el Terrorismo, adscrita a la Presidencia de la República, designado directamente por el jefe de Estado para un periodo de cinco años sin reelección. El Gobierno tendrá facultades para reglamentar esta oficina durante seis meses.
Cepeda considera que esta figura implicaría una peligrosa concentración de poder y cuestiona que su mandato pueda extenderse más allá del presidencial que la origine, lo que, según él, estaría fuera de los principios constitucionales.
Facultades de inteligencia y contrainteligencia
Además, el senador advirtió que el Estatuto podría formalizar la legalización del espionaje, escuchas ilegales y prácticas de inteligencia criminal, aspectos que deberán ser cuidadosamente evaluados en la revisión constitucional del proyecto.
Hasta ahora, el Estatuto Antiterrorista es un borrador que deberá ser sometido a trámite en el Congreso y obtener mayorías absolutas al tratarse de una ley estatutaria que impacta derechos fundamentales, además de recibir la revisión previa de la Corte Constitucional.
Estas importantes discusiones han sido objeto de seguimiento por diversos sectores políticos y sociales, dada la relevancia que el proyecto tendrá en la definición del marco jurídico sobre terrorismo y garantías ciudadanas en Colombia.
La información fue recopilada y verificada con base en el reportaje publicado por El Frente el 7 de octubre de 2026.
Redacción ColombiaPrensa
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