COLOMBIA, 16 de septiembre de 2026. Miller Soto, vocero de presidencia en el gobierno de Abelardo de la Espriella, denunció presunta negligencia de la administración anterior presidida por Gustavo Petro en la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad. Durante una declaración pública, Santiago Soto resaltó que el proceso de cierre de este ministerio, dispuesto mediante un decreto expedido el 19 de junio de 2026, se realizó de forma improvisada y a último momento, pues fue firmado apenas un día antes del vencimiento del plazo dado por la Corte Constitucional para dicha reorganización.
El vocero explicó que la Directiva Presidencial 02, firmada por De la Espriella, fue instaurada para ordenar la transición y reorganización de las funciones, programas, proyectos y recursos del exministerio, entre los ministerios del Interior, Hacienda, Justicia y demás entidades como Prosperidad Social y el Departamento Administrativo de la Función Pública. Esta iniciativa busca garantizar que las poblaciones vulnerables —incluidas personas con discapacidad, mujeres y comunidades étnicas— continúen recibiendo atención sin interrupciones durante el proceso de liquidación.
Soto criticó que el gobierno saliente no definiera mecanismos claros para transportar estas responsabilidades y describió la creación inicial del Ministerio de Igualdad y Equidad como una “vitrina ideológica” enfocada en el discurso más que en resultados concretos. El funcionario afirmó que, pese a que la Corte Constitucional declaró inexequible la ley que creó la cartera en mayo de 2024, otorgó un plazo suficiente de dos legislaturas para que el Estado pudiera reorganizar adecuadamente sus funciones sin dejar desprotegidas a las personas beneficiarias.
El vocero afirmó que el cierre del ministerio se ejecutó sin garantizar rutas claras y dejó “sus derechos colgando de un hilo”, denunciando que la administración entrante enfrentó un ministerio en liquidación “en el aire”, sin claridad sobre el destino de los programas y recursos. Además, recordó que entidades de control como la Procuraduría General, Contraloría y otros organismos fueron invitados a acompañar y vigilar el trámite, subrayando el compromiso de la actual administración con la transparencia.
Enfatizó también que, aunque el gobierno de De la Espriella acata la decisión de la Corte, no aceptará que la supuesta irresponsabilidad de la administración anterior afecte la protección de las poblaciones atendidas. “Un ministerio se puede acabar, una bandera ideológica se puede guardar, pero los derechos de estas personas no se liquidan con un decreto mal hecho”, concluyó.
Esta denuncia fue realizada en medio de la reorganización administrativa que impulsa el nuevo gobierno para asegurar cobertura continua a los grupos que dependían de la cartera y para responder a las solicitudes del agente liquidador, Jhon Milton Rodríguez, según informó el vocero presidencial.
Redacción ColombiaPrensa
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