COLOMBIA, 15 de septiembre de 2026. Continúa en Florida, Estados Unidos, el juicio civil contra el coronel retirado Luis Alfonso Plazas Vega, por la desaparición y presunta muerte del magistrado auxiliar Carlos Horacio Urán durante la Toma y Retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, hecho que marcó una de las páginas más trágicas de la historia reciente colombiana.
El proceso judicial fue iniciado por la familia de Urán, quien presuntamente salió con vida del Palacio de Justicia pero habría sido puesto bajo custodia militar y luego ejecutado, según los demandantes. La acción civil se adelanta bajo la Ley de Protección a Víctimas de Tortura de 1991 de Estados Unidos, que permite reclamar en tribunales estadounidenses por actos de tortura o ejecuciones extrajudiciales cometidas en otros países por autoridades.
El presidente Abelardo de la Espriella ha apoyado públicamente a Plazas Vega y pedido respaldo institucional para el coronel retirado frente a este litigio. De la Espriella considera que Plazas Vega debe ser protegido por el Estado, argumentando que las actuaciones del exmilitar ocurrieron en ejercicio de sus funciones durante la operación militar para retomar el Palacio de Justicia, que estaba en manos del grupo insurgente M-19.
El jefe de Estado ha expresado que los procesos judiciales contra miembros de la fuerza pública, como este, constituyen una “persecución judicial” y ha asegurado que Plazas Vega fue ya investigado y absuelto por la Corte Suprema de Justicia colombiana en casos relacionados con desapariciones, aunque esa absolución no incluye el caso específico de Urán, que actualmente es materia del juicio en Estados Unidos.
Frente a esto, el Centro Democrático ha respaldado la postura presidencial y ha solicitado evaluar gestiones políticas, diplomáticas y económicas para apoyar al exmilitar y su defensa, como se reportó en fuentes como la revista Cambio.
El juicio en Florida es civil y no busca imponer una condena penal ni penas privativas de libertad, sino determinar una posible responsabilidad civil que podría implicar una indemnización económica. Este será decidido por un jurado que valorará la evidencia presentada por ambas partes.
La familia Urán ha expuesto testimonios y pruebas, como imágenes del magistrado mientras salía del Palacio, documentos que evidencian torturas y una herida de bala en el cadáver, y relatos de exfuncionarios y testigos que señalan a Plazas Vega como autor de órdenes vinculadas a malos tratos y torturas en sitios como la Casa del Florero y la Escuela de Caballería.
Entre los testigos está Orlando Arrechea, exfuncionario de la Corte Suprema de Justicia, quien señaló que fue golpeado en la Casa del Florero, lugar donde Plazas Vega supuestamente impartía instrucciones. Ricardo Gámez Mazuera, exinformante del Ejército, afirmó haber escuchado órdenes directas del coronel retirado relacionadas con la detención y el trato a sobrevivientes.
Por su parte, la defensa política encabezada por De la Espriella basa su argumento en la absolución otorgada por la Corte Suprema en Colombia, la cual concluyó que no existían pruebas suficientes para responsabilizar penalmente a Plazas Vega por desapariciones examinadas en ese expediente judicial.
Los demandantes sostienen que el juicio en Estados Unidos se centra en un aspecto civil distinto y que el exmilitar tenía conocimiento de los tratos que recibían personas rescatadas tras la operación militar. Xiomara Urán, hija del magistrado, intervino ante el jurado para expresar las consecuencias dolorosas que ha vivido su familia desde la tragedia.
El juicio continúa con presentaciones de nuevos testigos y documentos para que el jurado decida si define una responsabilidad civil en contra de Plazas Vega o rechaza las pretensiones de la familia del magistrado Urán.
Esta información fue reportada por Infobae y publicada el 13 de septiembre de 2026.
Redacción ColombiaPrensa
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