COLOMBIA, 14 de octubre de 2026. La Comisión Séptima de la Cámara de Representantes avaló en primer debate el Proyecto de Ley 003 de 2026, que establece el Sistema Nacional para la Garantía de los Derechos de las Personas con Discapacidad en Colombia. Esta iniciativa busca fortalecer la red de apoyo a cuidadores y mejorar la articulación intersectorial para atender las necesidades de esta población.
El proyecto, impulsado por los representantes Estefanel Gutiérrez Pérez (Cambio Radical) y Catherine Juvinao (Alianza Verde), con ponencias de John Alexander Molina (Partido de la U) y Jaime Alonso Cano (Partido Conservador), plantea una nueva estructura institucional que integra políticas de educación inclusiva, salud, empleo, justicia, movilidad, cultura y deporte. Además, otorga al Ministerio del Interior la rectoría del sistema, estableciendo mecanismos como una ventanilla única territorial, la cofinanciación regional y un trazador presupuestal específico para garantizar recursos y seguimiento.
La iniciativa contempla también unificación de la base de datos nacional sobre personas con discapacidad, con una implementación progresiva que garantice el cumplimiento efectivo en todo el territorio. Según datos del DANE, Colombia cuenta con más de tres millones de personas en esta condición, de las cuales casi 1,8 millones presentan discapacidad en grados severos 1 y 2. Un aspecto relevante del proyecto es la dimensión de género, dado que el 76,2 % de los cuidados no remunerados son asumidos por mujeres, según la ponencia presentada.
Los ponentes aseguraron que esta propuesta no implica cargas burocráticas adicionales, sino que optimiza el uso de capacidades estatales existentes, en concordancia con la Ley 819 de 2003 sobre responsabilidad fiscal. Actualmente, se encuentra en trámite la solicitud de viabilidad fiscal ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público para asegurar la sostenibilidad del sistema.
Durante el debate, congresistas de diferentes bancadas enfatizaron la necesidad de que el Gobierno nacional respalde la iniciativa, especialmente en lo relacionado con la estructura de la administración pública según el artículo 150 de la Constitución y la rectoría sanitaria definida por la Ley Estatutaria 1618 de 2013. Además, destacaron la importancia de contemplar los recursos necesarios en el Presupuesto General de la Nación para evitar que la ley carezca de ejecución efectiva.
Como parte del proceso previo al segundo debate en plenaria, los autores y ponentes acordaron conformar una mesa técnica para analizar los aspectos constitucionales y financieros de la propuesta. También se prevé convocar una audiencia pública que incluya la participación directa de organizaciones de personas con discapacidad y redes de cuidadoras, con el fin de recoger sus aportes y garantizar una norma inclusiva y efectiva.
Este proyecto representa un avance significativo para la atención integral a la población con discapacidad en Colombia, buscando consolidar un sistema nacional que responda a sus derechos y mejore sus condiciones de vida y participación social.
Redacción ColombiaPrensa
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