COLOMBIA, 11 de noviembre de 2026. La Contraloría General de la República ha iniciado un proceso de vigilancia y control fiscal sobre cinco contratos suscritos por la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que en conjunto suman alrededor de $20.783 millones. Esta medida fue anunciada por el contralor general, Jorge Eliécer Laverde Vargas, con el objetivo de revisar posibles irregularidades como fallas en la adquisición de bienes, incumplimientos, sobrecostos o perjuicios a los recursos públicos.
Esta acción de la Contraloría se produce en medio de revelaciones periodísticas que apuntan a presuntas actividades de espionaje por parte de la DNI. Un informe de empalme de 26 páginas, fechado en julio de 2026 y dirigido al nuevo director, Jorge Andrés Zuluaga, incluye señalamientos sobre planes de seguimiento a expresidentes y exvicepresidentes, la existencia de una sede clandestina en Bogotá y cuestionamientos a la contratación de equipos tecnológicos.
Entre las denuncias, se menciona una presunta operación destinada a instalar micrófonos y dispositivos GPS en vehículos de protección asignados a expresidentes y exvicepresidentes. Dicha función, incluida mediante un decreto emitido en junio de 2026, habría sido ejecutada por la DNI, pese a ser una competencia tradicionalmente relacionada con las autoridades encargadas de los esquemas de seguridad.
Además, el informe señala la existencia de una vivienda no registrada oficialmente como sede operativa de la DNI en Bogotá, que fue desocupada tras las elecciones presidenciales de 2026 y de la que se habrían eliminado sus registros internos. En el ámbito tecnológico, se denuncia la adquisición de un helicóptero no tripulado por cerca de $9.000 millones que presuntamente presentó fallas técnicas y tuvo un precio por encima del valor real.
La Contraloría también examinará compras relevantes como tres sistemas antidrones, 595 computadores, un sistema de identificación biométrica y mobiliario para las instalaciones en Funza. Se someterán a revisión aspectos como el cumplimiento de especificaciones, funcionamiento, calidad, garantías y sobrecostos.
De igual forma, el documento de empalme advierte sobre la posible instalación de un malware de origen ruso en dispositivos entregados a agentes de inteligencia capacitados en Moscú, lo que motivará revisiones forenses para evaluar riesgos de seguridad informática.
Otra problemática que se investigará es la vinculación de un funcionario señalado de participar en un presunto plan para vulnerar los sistemas de la Registraduría Nacional y manipular los resultados de la elección presidencial de junio de 2026. Carlos Oyola, ingeniero de sistemas vinculado a la DNI desde 2024, era buscado por autoridades y fue capturado recientemente en relación con una investigación de hackeo a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia (UNAD).
Para el desarrollo de estas actuaciones, la Contraloría solicitará los estudios previos, informes de supervisión, actas de recibo, soportes de pago y garantías relacionadas con los contratos en revisión, con la finalidad de establecer responsabilidades fiscales y eventuales daños al patrimonio del Estado.
El contralor enfatizó que aunque la seguridad estatal está sujeta a reserva, ello no exime a los recursos públicos de la vigilancia fiscal. Cualquier indicio de irregularidades graves será remitido a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría General, según corresponda. Sin embargo, aclaró que estas revisiones no representan una condena anticipada ni conclusión definitiva sobre las posibles responsabilidades.
Redacción ColombiaPrensa
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