COLOMBIA, 11 de noviembre de 2026. La Contraloría General de la República inició una investigación sobre presuntas irregularidades en cinco contratos de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) que suman más de 20.783 millones de pesos. El ente de control lidera las actuaciones de vigilancia y control fiscal con el fin de establecer si en estos procesos se presentaron incumplimientos, fallas técnicas, deficiencias en la calidad de los productos, sobrecostos o afectación al patrimonio público.
Entre los contratos sujetos a auditoría están la compra de un helicóptero no tripulado por cerca de 9.000 millones de pesos, cuya efectividad y garantías serán examinadas luego de que esta aeronave sufriera un siniestro en marzo de 2026. También serán revisados tres sistemas antidrones con una inversión de 8.340 millones de pesos, en especial para verificar que dichos equipos estén operativos y respondan a las necesidades de la entidad.
Además, la Contraloría investigará el contrato 043 de 2024, equivalente a 1.314 millones, por la adquisición de 595 computadores reportados con deficiencias en su calidad. Se incluye el contrato 053 de 2022, por un valor de 580 millones, relacionado con un sistema de identificación biométrica que presuntamente no habría entrado en servicio. También se examinará la compra de mobiliario para la sede de Funza por 1.549 millones de pesos, con especial atención al análisis de los estudios de mercado y la posible existencia de sobrecostos.
La auditoría contempla la revisión del estado de ejecución y entrega del Sistema Integrado de Inteligencia y Contrainteligencia (SIIC 2), con el propósito de identificar afectaciones a recursos públicos.
Para esta labor, la Contraloría recopilará estudios previos, informes de supervisión, actas de recibo y soportes de pago. En caso de detectar detrimento patrimonial, se tramitarán los procesos de responsabilidad fiscal correspondientes, además de remitir copias a la Fiscalía General de la Nación o a la Procuraduría, si se constatan conductas penales o disciplinarias.
El organismo enfatizó que, pese al carácter estratégico y reservado de las actividades de inteligencia, nada justifica obstruir la vigilancia fiscal sobre el uso de los recursos públicos en estas adquisiciones. Asimismo, se respetará el debido proceso y la presunción de inocencia durante la investigación.
Redacción ColombiaPrensa
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