COLOMBIA, 24 de agosto de 2026. Unas 1,2 millones de personas en Colombia necesitan ayuda humanitaria tras un terremoto que sacudió el occidente del país, informó Naciones Unidas en una actualización del Plan de Respuesta Humanitaria. Diez días después del sismo de magnitud 7,4, miles de familias permanecen sin certeza sobre la seguridad de sus viviendas y las condiciones en alojamientos temporales se complican debido a fuertes lluvias.
La ONU indicó que se requieren alrededor de 148,1 millones de dólares para asistir a 671.000 personas en los departamentos más afectados, entre ellos Risaralda, Valle del Cauca, Chocó y Caldas. La ayuda que se busca proveer incluye alimentos, alojamiento, atención sanitaria, agua potable, saneamiento, educación, apoyo monetario y servicios de protección.
Si bien los equipos humanitarios están desplegados en varias zonas, el acceso sigue siendo desigual. Más de 400 carreteras resultaron dañadas, lo que complica las labores de asistencia, especialmente en áreas rurales y comunidades con dificultades logísticas previas al terremoto. La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) señaló que todavía hay comunidades que permanecen sin recibir ayuda regular o sólo han sido alcanzadas una vez.
Las cifras oficiales reportan más de 300 fallecidos, 426 desaparecidos y más de 4.500 heridos en 472 municipios de 15 departamentos. Adicionalmente, se registran más de 134.000 viviendas afectadas y cerca de 30.000 completamente destruidas. En muchos casos, las viviendas que permanecen en pie presentan daños estructurales que impiden considerarlas seguras, razón por la cual varias familias duermen a la intemperie por temor a continuar en sus hogares.
La OIM ha identificado 71 alojamientos colectivos temporales que albergan cerca de 4.700 personas, equivalente a 1.400 hogares, distribuidos en los departamentos más impactados. No obstante, muchas familias se han desplazado a viviendas de familiares, alquilan temporalmente o ocupan espacios improvisados, dificultando así la localización y entrega de ayuda adecuada. Por ello, se promueven soluciones alternativas como alojamientos comunitarios, estancias temporales en hoteles y apoyos económicos para alquiler.
Las fuertes lluvias en ciudades como Quibdó, Buenaventura y Pereira agravan la situación, facilitando la propagación de enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue, y aumentando riesgos de enfermedades diarreicas y respiratorias debido al contacto con aguas contaminadas. Además, al menos 50 hospitales sufrieron daños considerables, con problemas en suministros básicos como agua, electricidad, oxígeno y medicamentos, complicando la atención médica y el traslado de pacientes.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) colabora con el Ministerio de Salud para evaluar los centros hospitalarios afectados, así como para fortalecer la vigilancia sanitaria, la atención en alojamientos temporales y la salud mental. Sin embargo, se mantiene la necesidad de recursos adicionales para ampliar la capacidad hospitalaria y garantizar servicios médicos esenciales.
La ONU también resaltó los riesgos crecientes para mujeres y niños debido a la vulnerabilidad generada por el desplazamiento, la pérdida de vivienda y el debilitamiento de redes comunitarias. El Fondo de Población (UNFPA) despliega equipos móviles para atención a sobrevivientes de violencia de género y gestantes, además de distribuir kits de higiene femenina y suministros para el cuidado materno-infantil. Por su parte, UNICEF trabaja en crear espacios temporales de aprendizaje, apoyo psicosocial y protección infantil, ya que más de 450.000 estudiantes registran afectación por daños en sus instituciones educativas.
En el ámbito alimentario, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señaló la falta de información precisa sobre los daños en cultivos, ganado, pesca artesanal y sistemas de riego, fenómenos que afectan especialmente a comunidades rurales y ribereñas cuya subsistencia depende de estos recursos. La coincidencia del terremoto con períodos de siembra y cosecha pone en riesgo ciclos productivos, con consecuencias económicas significativas para dichas familias.
La respuesta humanitaria continuará en los próximos meses, con un llamamiento por parte de la OIM que solicita 30 millones de dólares para extender su intervención en alojamiento, agua, salud y recuperación. Asimismo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) requiere 23 millones de dólares adicionales para brindar asistencia alimentaria y operaciones logísticas a unas 100.000 personas. Paralelamente, el Coordinador de Ayuda de Emergencia de la ONU ha movilizado cinco millones de dólares del Fondo Central para acciones de emergencia (CERF) para respaldar la gestión del gobierno colombiano.
Las agencias internacionales y locales coinciden en que la emergencia no ha finalizado y que la recuperación demandará tiempo, con prioridad en garantizar el acceso a servicios básicos y asegurar condiciones dignas de vida para las comunidades afectadas.
Fuente: NewsInAmerica, 24 de agosto de 2026.
Redacción ColombiaPrensa
Contenido editorial elaborado con apoyo de inteligencia artificial y revisión de fuentes públicas. Si encuentra alguna inconsistencia o desea solicitar una corrección, puede contactar al equipo editorial de ColombiaPrensa.